En un país donde la salud, la educación y el trabajo deberían ser la prioridad del Gobierno, la reciente intervención estatal en defensa de los intereses de Horacio Cartes ha generado un profundo malestar. La senadora Yolanda Paredes de Cruzada Nacional ha denunciado lo que considera un uso indebido de las estructuras del Estado para proteger a Tabacalera del Este SA (Tabesa), una empresa vinculada al expresidente Horacio Cartes, tras las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
“La vida privada de Horacio Cartes se ha convertido en una cuestión de Estado, y eso es inaceptable”, afirmó Paredes. Según la legisladora, la respuesta del Gobierno a las sanciones internacionales evidencia una preocupante priorización de los intereses privados de Cartes sobre las verdaderas necesidades del pueblo paraguayo.
La senadora no escatimó en críticas al señalar que el embajador estadounidense, Marc Ostfield, ha sido convocado por la Cancillería para tratar un tema que, en su opinión, no debería ser una preocupación estatal. “Estados Unidos está protegiendo su territorio y su sistema financiero. ¿Cómo vamos a opinar en eso? Nosotros deberíamos estar preocupados por hacer funcionar nuestras instituciones”, agregó.
Paredes también cuestionó el silencio del presidente Santiago Peña, señalando que el mandatario no ha defendido al pueblo paraguayo frente a las críticas y sanciones internacionales. “¿Dónde está la defensa del amigo de Cartes? Peña es el ahijado. ¿Dónde está la defensa a su padrino?”, se preguntó, haciendo hincapié en la aparente sumisión del Gobierno a los intereses de Cartes.
El mensaje de la senadora fue contundente: “Nos dirigimos a un abismo al utilizar las estructuras del Estado para defender los intereses privados de la familia Cartes, mientras las necesidades reales del pueblo, como la salud, la educación y el trabajo, quedan relegadas a un segundo plano”.
Finalmente, Paredes subrayó que si las instituciones paraguayas como Seprelad y el Ministerio Público hubiesen hecho su trabajo, el país no estaría enfrentando sanciones internacionales. “Nuestras instituciones tenían que haber funcionado”, concluyó, llamando la atención sobre la falta de acción y la complicidad de quienes deberían velar por el bienestar del país.